La dirección del grupo textil Caramelo elevó este viernes su propuesta de indemnización para los 237 trabajadores afectados por el expediente de regulación de empleo (ERE), al ofrecer pasar de 31 días por año trabajado con un máximo de 18 meses, a 32 días por año trabajado con un máximo de 30 meses.

La empresa presentó este viernes esta alternativa en la reunión que mantuvo con el comité de empresa, que contó nuevamente con la mediación de la Administración autonómica, pero los representantes de los trabajadores la rechazaron porque creen que es "una propuesta trampa".

Según informaron a Europa Press fuentes de Caramelo, la nueva propuesta es "una prueba más de espíritu de negociación" porque eleva a 30 meses el parámetro máximo para establecer las indemnizaciones por rescisión de contrato. Estas fuentes indicaron que los trabajadores solicitaron que se ampliase la propuesta "porque la antigüedad es una de las características de la plantilla".

No obstante, el comité de empresa alerta de que, de los 237 trabajadores afectados por el ERE, "sólo 60 se beneficiarían del hecho de pasar de 18 a 30 meses", mientras que para el resto de despedidos, el aumento de un día de indemnización por año trabajado "sólo les supondría un aumento de 15 euros al año".

RETOMAR LAS MOVILIZACIONES

Según explicó la representante sindical de la CIG, Dores Martínez, esta propuesta es rechazada "con claridad" por el comité de empresa, por lo que celebran una asamblea con los trabajadores para estudiar la posibilidad de retomar el calendario de movilizaciones.

En todo caso, el próximo miércoles está convocada otra reunión con la empresa, pero antes, los sindicatos quieren reunirse el martes con el conselleiro de Economía e Industria, Javier Guerra, según explicó la representante de CIG. "El conselleiro debe jugar un papel fundamental en la mediación de este conflicto después de la reunión que mantuvo en su día con Manuel Jove", aseveró Dores Martínez.

El ERE presentado por Caramelo afecta a 237 trabajadoras de la sede del grupo textil ubicado en el polígono coruñés de A Grela. Mientras que la Inspección de Trabajo rechazó el ERE por considerar que las pérdidas económicas de 51,9 millones que la empresa acumula desde hace tres años se produjeron por una "nefasta gestión" y no por las causas económicas, organizativas o productivas, la empresa insistió en que su aprobación es "imprescindible" para evitar el despido de toda la plantilla, que integran 832 trabajadores.