Los jueces que llevaron a cabo hoy juntas en sus respectivos órganos judiciales en diversas localidades de España acordaron volver a reunirse el próximo 21 de enero y, al menos en Murcia y en Extremadura, los magistrados estudian la posibilidad de celebrar una jornada de huelga en el mes de febrero en protesta por la falta de medios en al Administración de Justicia. Fuentes del máximo órgano de gobierno de los jueces informaron a Europa Press que si bien el Consejo aun no conoce al detalle los acuerdos surgidos de las distintas juntas celebradas hoy, sí han tenido conocimiento por vías extraoficiales de que, al menos los jueces de comunidades como Extremadura y Murcia, ya han planteado la posibilidad de convocar jornadas de huelga el próximo mes de febrero. Una de las localidades en las que se han celebrado estas reuniones de magistrados ha sido Cádiz, donde se ha acordado por unanimidad ratificar las medidas que ya se aprobaron el pasado 21 de octubre cuando los jueces aprovecharon un paro de secretarios judiciales --en protesta por del "caso Mari Luz"-- para llevar a cabo estas juntas que fueron criticadas por el Ministerio al tildarlas como "una huelga encubierta". Según informó a Europa Press la decana de los juzgados de Cádiz, Nuria Orellana, el acuerdo de volver a reunirse el día 21 ha sido común en las distintas localidades aunque no quiso referirse a la posibilidad de llevar a cabo una huelga. Las juntas de hoy tenían el objeto de analizar las tareas de modernización de la Justicia iniciadas por el CGPJ a partir del pasado 21 de octubre. Uno de los lugares en los que también se han celebrado estas reuniones ha sido Madrid, donde según informaron a Europa Press fuentes jurídicas, la intención no es organizar ninguna protesta sino analizar los trabajos realizados hasta la fecha por el órgano de gobierno de los jueces en lo que a desbloquear la Administración se refiere. Concretamente, las mismas fuentes precisaron que una de las propuestas a debate, y que ya ha sido estudiada en anteriores reuniones, es la posibilidad de cumplir estrictamente los módulos de trabajo marcados por el CGPJ --en ocasiones menos exigentes que el trabajo real que desempeñan algunos juzgados-- en lo que supondría una especie de "huelga de mínimos". Otro lugar en el que se celebraron juntas de jueces es en Vitoria y San Sebastián. En principio, estas reuniones perseguían los mismos objetivos, aunque según las mismas fuentes, no se descarta que, lo que se presenta como juntas de caracter informativo, puedan terminar derivando en un contenido reivindicativo. PLAN DE MODERNIZACIÓN DEL CGPJ El plan de modernización del CGPJ que mañana será objetivo de análisis es el aprobado en el Pleno del pasado miércoles 12 y que consta de dos partes: un proyecto de actuación inmediata, con medidas urgentes que esperan lograr resultados antes de mayo de 2009; y un Plan Integral que tiene calendario hasta diciembre de 2011 y que prevé una revisión de sus medidas al finalizar el periodo del actual mandato del Consejo. La portavoz del CGPJ, Gabriela Bravo, explicó que el Plan contiene "un conjunto de propuestas dirigidas a los organismos competentes", como son el Ministerio de Justicia o las comunidades autónomas con competencias en este ámbito. "Somos conscientes de que no tenemos iniciativa legislativa", agregó Bravo, tras insistir en que el Consejo pondrá "todo su empeño" en impulsar la modernización de la Administración de Justicia. Igualmente, dentro de las medidas para la reestructuración de la planta y demarcación judicial, se propone la creación de la figura del "juez volante" adscrito a los tribunales superiores de justicia "con número suficiente para garantizar las sustituciones" Entre otras medidas, el Plan también se refiere a la aplicación de nuevas tecnologías en la Administración de Justicia mediante la mejora de sistemas informáticos de gestión procesal y la grabación e las vistas "en todos los órdenes jurisdiccionales". Dentro de este capítulo también se incluye la "conexión segura con Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", que contemplaría la recepción electrónica de atestados y la emisión electrónica de órdenes de busca y captura.
