La Junta de Gobierno Local ha dado el visto bueno a la revisión de oficio del expediente aprobado por el bipartito el pasado 8 de abril, un mes y medio antes de las elecciones, y con el que se autorizó que el Ayuntamiento pague durante la próxima década un sobrecanon de 30 millones a la empresa concesionaria de la planta de reciclaje de Nostián, Albada, por los costes derivados del transporte y tratamiento del 55% de los rechazos.

El alcalde, Carlos Negreira, defendió este mañana que se ha tomado la decisión de revisar de oficio el acuerdo de Junta de Gobierno acordado en abril durante la etapa del bipartito -con el voto a favor del PSOE y la abstención del BNG- para defender los intereses de los ciudadanos. En concreto, el sobrecanon previsto para 2011 alcanza los 3.377.335,68 euros. "Este Gobierno municipal no va a jugar con el dinero de los coruñeses, vamos a mimar cada euro", destacó.

La Junta de Gobierno Local basa su acuerdo en una propuesta de la Concejalía de Medio Ambiente en la que se advierte de que la decisión adoptada en abril puede "ser lesiva para el interés público" y "adolecer de diversas causas de nulidad". El alcalde explicó que no solo se revisará de oficio el expediente si no que además se suspende el pago a Albada que también se aprobó en abril en lo referido al 5% de gastos generales y al 5% de beneficio industrial: "Se le garantizó a la concesionaria un beneficio de más de 300.000 euros cada año. Nosotros no se los vamos a pagar", subrayó. Carlos Negreira recordó que el interventor puso en abril dos reparos a la decisión municipal: pidió que se descuenten los costes de gestión de rechazos en vertedero propio y que no había lugar a reconocer el pago de esos más de 300.000 euros de beneficio.

El alcalde lamentó que la decisión de pagar un sobrecanon de 30 millones se tomó a mes y medio de las elecciones "sin soporte jurídico y técnico". "Se hace sin tener el soporte de una auditoría, sin modificar la concesión, sin ir al Consello Consultivo, sin contar con el Consorcio As Mariñas, se hizo sin contar con nadie. Es una chapuza jurídica y económica. Lo que nunca imaginamos es que se hiciese este fiasco jurídico y económico, que pone en evidencia la descomposición en la que se encontraba el anterior Gobierno municipal", destacó.

Negreira alertó de que la gestión económica del Consorcio As Mariñas fue mejor que la del bipartito, puesto que la factura por la gestión del rechazo cuesta a las arcas coruñesas un 40% más. "Tras el acuerdo del 8 de abril, el coste de la tonelada pasada de 47,15 euros a 80,15, lo que supone una subida del 70%".

El alcalde explicó que la revisión de oficio acordada hoy en Junta de Gobierno se comunicará ahora a Albada y al Consorcio As Mariñas. El Ayuntamiento ha adjudicado a la empresa Applus Norcontrol la elaboración de dicha auditoría técnica y medioambiental de Nostián. La previsión es que este informe, en el que se realizará un análisis pormenorizado de la situación real de la planta de tratamiento de residuos, esté listo en el primer trimestre de 2012. También está previsto contratar una auditoría económica para comprobar el estado de las cuentas de Nostián.

Rehabilitación

La Junta de Gobierno Local aprobó en esta sesión proyectos en los que también se cumple el compromiso del Ayuntamiento de apostar por las políticas de rehabilitación. En este sentido, se acordó la apertura del plazo de presentación de solicitudes de ayudas para conservación de inmuebles, que por primera vez incluyen además la instalación de ascensores en edificios y el soterramiento de cableado exterior.

El acuerdo de hoy se toma a raíz de la ordenanza aprobada el pasado 10 de noviembre a propuesta del Ayuntamiento y que contó con el apoyo del resto de grupos municipales. Esta nueva ordenanza de rehabilitación permite incrementar las subvenciones para instalar ascensores hasta el 50% del precio de la obra, frente al 10% de antes, y un máximo de 5.000 euros por vecino, frente a los 1.500 euros que existía de tope.

El Ayuntamiento ha agilizado la tramitación de este expediente para que el 2 de enero se abra el plazo de presentación de solicitudes, que concluirá el 29 de febrero. El Gobierno local reserva 450.000 euros en los presupuestos del próximo año, de los que 200.000 son para ascensores y 150.000 para soterrar el cableado. La cuantía de la subvención puede alcanzar el 50% del presupuesto de la obra.

El alcalde aclaró que, en caso de que fuese necesario, se incrementaría la cuantía aprobada para subvenciones y se abriría un segundo plazo para solicitar las ayudas a lo largo del próximo año. Negreira también anunció la apertura del plazo para pedir subvenciones para la conservación de edificios y viviendas incluidos en el Área de Rehabilitación Integral (ARI) Casco Histórico. En este caso, la cuantía total de las ayudas alcanza los 550.935 euros y el plazo de solicitud es el mismo que en el caso anterior: del 2 de enero al 29 de febrero.

La Junta de Gobierno también dio el visto bueno a la tramitación anticipada del expediente para la contratación del proyecto de complementación de los trabajos de reforma del Grupo Viviendas del Carmen, con un presupuesto de 477.162,10 euros. Estas obras constarán de tres actuaciones: la continuación de la mejora de la eficiencia energética, la rehabilitación interior de la instalación eléctrica de cada una de las viviendas y el aislamiento de la tubería de agua fría que discurre por la cubierta de los edificios.

"La rehabilitación es una prioridad para el Ayuntamiento", subrayó Negreira. Este compromiso queda reflejado en los presupuestos del próximo año, donde se recogen más de 3 millones de euros para abordar diversas actuaciones. El Ayuntamiento ya acordó solicitar al Instituto Galego de Vivenda e Solo la declaración de Área de Rehabilitación Integral del núcleo de San Vicente de Elviña, para recuperar 50 viviendas con un coste estimado de 950.000 euros entre rehabilitación de inmuebles y obras de urbanización. En la actualidad ya gozan de esta declaración las zonas de Ciudad Vieja, Pescadería, Sagrada Familia, Fernández Latorre, Viviendas del Carmen, Os Mariñeiros, Palavea y O Birloque.

La Junta de Gobierno también concedió licencias de obras por un importe de ejecución de las mismas de 11.285.607,44 euros, lo que hace un total de 79,2 millones en este mandato. De hecho, se trata de la segunda mayor cuantía que se ha aprobado en Junta de Gobierno en estos seis primeros meses de legislatura.

Programas sociales

El Ayuntamiento aprobó modificar la ordenanza municipal del Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) y la ordenanza de Emergencia Social. En el primer caso, el Gobierno municipal atiende así las recomendaciones de la Consellería de Traballo e Benestar, por lo que las personas dependientes que tienen derecho al servicio no podrán quedar en lista de espera.

El alcade explicó que la ordenanza aprobada en 2010 por el bipartito incumplía las directrices autonómicas: "Se repone la legalidad y se amplían los derechos de los coruñeses. Frente a algunos que hablan mucho, nosotros apostamos por los servicios sociales". Tendrán prioridad en la asignación del servicio las personas beneficiarias de la modalidad de acceso directo (SAD Dependencia) frente a las de libre concurrencia (SAD Básico). A partir de ahora, no existirá lista de espera en la modalidad SAD Dependencia.

La Junta de Gobierno Local también acordó cambiar la ordenanza de Emergencia Social. El alcalde destacó que los cambios permiten ampliar el número de coruñeses beneficiados y las ayudas se incrementan en casi un 50%. Así, la ampliación de la cuantía máxima de las ayudas para necesidades básicas (alimentación, ropa, alojamiento y gastos sanitarios) se pasa del 50% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (IPREM) mensual al 100% -y siempre un máximo de tres veces en un año-; y para cualquier otro concepto, se pasa de un máximo anual del 200% del IPREM al 300%.

El Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo importante para aumentar las ayudas a los que más lo necesitan y, para conseguirlo, se han incrementado las partidas en el presupuesto de 2012. En el programa de Ayuda a Domicilio se aumenta en 152.750 euros, para alcanzar los cinco millones; mientras que en Emergencia Social crece un 50%: de los 300.000 euros de este año a los 450.000 del próximo.