La Xunta ha asegurado que los despidos de 61 empleados de las oficinas I+B, dependientes del Consorcio Galego de Servizos da Igualdade e do Benestar, se han saldado con "40 sentencias improcedentes, cinco nulas, seis procedentes y cinco pendientes de sentencia", mientras que el resto de afectados "no ha declarado".

En declaraciones a Europa Press, fuentes del Consorcio han resaltado --en respuesta a lo expuesto por el sindicato CIG, que elevaba a 57 la cifra de sentencias favorables a los trabajadores-- que ha recurrido "todas" las sentencias desfavorables.

Así, la Consellería de Traballo e Benestar, de la que depende el Consorcio, ha expuesto como "fundamental" que 29 de las sentencias establecen que los trabajadores desempañaban funciones que "no le correspondían", para lo cual ha puesto como ejemplo a empleados del Plan Estratéxico Galego da Infancia e Adolescencia (Pegia) que, según ha afirmado, realizaban labores en otros programas. Todo ello, a la vez que ha hecho hincapié en la importancia de "una contratación mal heredada".

Aunque ha resaltado que su intención "no es entrar en una guerra de cifras" ya que, a su parecer, la CIG "puede tener sus propios datos", ha remarcado que "no sabe de dónde salen" las cantidades aportadas por el sindicato.