El secretario xeral de Política Lingüística, Anxo Lorenzo, consideró "legitimo" y compartió la "necesidad" de que la Real Academia Galega (RAG) "tenga un presupuesto estable" por parte de la Xunta de Galicia, aunque recordó que en estos momentos la situación económica es "difícil" y que se debe hablar "a medio plazo".

Al ser preguntado sobre las posibilidades de incremento de las aportaciones a la RAG, Lorenzo admitió que "es difícil saberlo ahora mismo" y que se trata de una cuestión para tratar "a medio plazo", tras recordar que el presupuesto autonómico de este año ya está "cerrado".

En esta línea, incidió en que la Secretaría Xeral sufrió "una bajada en el presupuesto" para esta año y que la Xunta en general está realizando "una contención de gasto en todos los departamentos", ante la situación "de crisis". "No estamos en el contexto económico que podríamos estar en otro momento", afirmó.

A pesar de ello y tras considerar "interesante" alcanzar dicha estabilidad en las cuentas de la Academia, el titular de Política Lingüística extendió dicha petición al Gobierno central para que participe a través de aportaciones económicas "por parte del Ministerio de Educación y del Ministerio de Cultura".

"El gobierno de la Xunta de Galicia está haciendo su trabajo, sus deberes y no estaría mal que el gobierno central también hiciera sus deberes", concluyó Lorenzo.

QUEREMOS GALEGO

Al ser preguntado por el rechazo de la Mesa de la Cámara a la Iniciativa Legislativa Popular sobre derechos lingüísticos, Lorenzo no vio "necesario" entrar en valoraciones, ya que "consideró que esa iniciativa suponía una modificación del Estatuto" y, por tanto, "no cumplía los requisitos que debe tener".

"Es la información que tengo", afirmó Lorenzo, para después recordar que, "si no cumple los requisitos" que requiere la normativa que regula las ILP, dicha propuesta "no puede ser admitida a trámite".

Los miembros de PSdeG y PPdeG en la Mesa del Parlamento gallego rechazaron el impulso de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) en la que la plataforma Queremos Galego pedía dar soporte legal a la "garantía de los derechos lingüísticos" de los gallegohablantes en base a un informe realizado por los servicios jurídicos de la Cámara, que dictamina su "imposibilidad de tramitación".